La investigación se inscribe en un contexto adverso para el pleno cumplimiento de los derechos de las mujeres, en especial, vivir libres de violencia, datos del Observatorio de Género del Poder Judicial muestran que desde la promulgación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres al último día del año 2017 se contabilizaron un total de 313 asesinatos por género y 21 femicidios en el transcurso del 2018, entonces, por el carácter generalizado de dichos escenarios de violencia, el Estado adjudica a la policía de proximidad la obligación de brindar atención de primer orden a las demandas de las mujeres, por tanto, interesó develar el contenido ideológico y político en las representaciones sociales de la población policial sobre dichos escenarios de violencia.
El proceso investigativo arrojó como principal conclusión la importancia de continuar exigiendo los derechos de las mujeres, puesto que, si bien el femicidio es una expresión extrema de violencia, las decisiones de quienes ostentan cargos de mando administrativo en el Ministerio de Seguridad Pública determinan en gran manera la formación que recibe la población policial, priorizando delitos como el hurto, robo, narcotráfico o crimen organizado.
Sumado que, los contenidos de las representaciones sociales son mediadas por las tensiones políticas que legitiman formas de entender la violencia contra las mujeres, los intereses de diferentes grupos de poder plasmados en la elaboración y ejecución de los Planes Nacionales de Desarrollo hasta en los cambios dentro de la legislación han contribuido a que el conocimiento y sensibilización sobre el femicidio sea reducido a los escenarios de violencia doméstica y relaciones de pareja, es decir, la ideología es reproducida en las representaciones de la policía al asociar casi exclusivamente la violencia a espacios considerados privados y a diferentes estereotipos y prejuicios.
Los intereses de los grupos de poder político también llegan a relacionarse con los grupos de poder económico e influyen en las labores policiales en materia de violencia contra las mujeres en el momento que la delegación queda con menos policías y vehículos para atender las llamadas prioritarias porque, se encuentran conteniendo manifestaciones sociales o protestas que amenazan el consenso social y la acumulación de capital.
Finalmente, a pesar de las condiciones políticas e ideológicas, tampoco es innegable que las
personas entrevistadas poseen conocimiento valioso sobre los ciclos de violencia, además que, coinciden con otros funcionarios policiales con los que se mantuvo breves acercamientos acerca la relevancia de las capacitaciones para sus funciones laborales y mostraron iniciativa para recibirlas.