El derecho a la autonomía personal de las personas con discapacidad es poder decidir
sobre lo que desean hacer, cómo y de qué forma quieren vivir; a su vez representa la
posibilidad de construir su propio proyecto de vida y esto es un factor fundamental que
respalda la necesidad de su investigación.
La búsqueda por determinar el cumplimiento real del discurso de Derechos Humanos en
la atención a las personas con discapacidad respecto a la autonomía personal, implicó
comprender al Estado como una condensación material de relaciones de fuerzas
contradictorias, al reconocer la permanencia de barreras, sobre todo económicas y
sociales que perpetúan la exclusión de la población.
Ante dicho escenario en el año 2016 se aprobó la Ley Nº 9379 y en el año 2018 se
oficializó el programa Promoción de la Autonomía Personal del Consejo Nacional de
Personas con Discapacidad como materialización de la respuesta estatal hacia el
colectivo, en relación con la autonomía personal.
La investigación buscó comprender las contradicciones generadas en el espacio estatal
costarricense para garantizar dicho derecho. Un elemento fundamental en el proceso fue
el reconocimiento de aquellos hitos que marcaron la historia de la discapacidad en Costa
Rica, instaurados desde corrientes internacionales que promovieron una transformación
en el marco normativo en discapacidad, sujeto al proceso evolutivo de los modelos de la
discapacidad y su visión conceptual.
El estudio del procedimiento institucional para promover la autonomía personal en el
colectivo, permitió identificar los perfiles de la población destinataria de asistencia
personal y/o productos de apoyo, a los que se otorga una transferencia monetaria que le
permite a la PcD el ejercicio de su autonomía.
Este proceso llevó a identificar contradicciones que han incidido en el acceso al
programa, como la incorporación parcial del discurso de DDHH en la respuesta estatal,
una política social focalizadora en la materialización de la autonomía personal y la
carencia de autonomía personal en la visión que se le atribuye desde el estado a las
PcD.
La presente investigación evidenció que, a raíz de la política social focalizadora, se
excluye parte importante del colectivo del acceso al derecho a la autonomía personal;
hecho que repercute una clara transgresión a otros derechos que finalmente
comprometen la calidad de vida de las personas con discapacidad y perpetúan la
exclusión que por décadas se ha procurado contrarrestar.