Esta tesis estudia la población masculina usuaria que ejecuta una sentencia judicial bajo la medida alternativa a la prisión que consiste en portar un mecanismo electrónico de seguimiento en materia penal (también conocido como mecanismo de localización permanente o brazalete de monitoreo electrónico), específicamente quienes viven en los cantones de Esparza y Puntarenas centro.
Esta investigación se realizó desde el método cualitativo y desde un enfoque marxista, lo cual permitió conocer la realidad compleja, dialéctica y cambiante que enfrentan estos hombres diariamente. Dicho estudio se enfocó en las condiciones laborales que ellos vivencian y en cómo satisfacen sus necesidades humanas, partiendo de la premisa de que todas las personas tienen necesidades que cubrir todos los días y que es mediante el trabajo remunerado la herramienta que encuentran para adquirir las mercancías con las que satisfacen sus carencias y las de sus familias.
Entre las técnicas de investigación aplicadas primó: la revisión documental de expedientes judiciales, la aplicación de cuatro entrevistas semi estructuradas a profesionales de cada área del equipo interdisciplinario de la Unidad de Atención a Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivos Electrónicos (conocida además como Unidad de Monitoreo Electrónico -UME-): Trabajo Social, Psicología, Orientación y Educación, además de, la realización de entrevistas en profundidad a seis hombres de acuerdo a los criterios de selección definidos.
Respecto a los resultados, destaca que: sus condiciones laborales se encuentran marcadas por la desigualdad, flexibilización, precariedad laboral y el subempleo invisible, lo cual impulsó en algunos casos que los hombres tuvieran que dejar sus trabajos previos a la sentencia y optaran por trabajar para amistades o antiguos patronos, y otros por trabajos autogestionados; además, en cuanto a sus necesidades humanas, se identificó que todos los hombres participantes reconocen cuáles son sus carencias y las de sus familias, pero que para satisfacerlas durante el mes deben priorizar su importancia, lo que provoca que dejen desprovistas necesidades como la salud y la recreación.
Lo anterior, permitió al equipo investigador llegar a la principal conclusión de que, estas personas han padecido desde edades tempranas la desigualdad social en cuanto al acceso a bienes y servicios por parte del Estado, y que entonces, su condición judicial únicamente precariza aún más sus condiciones de vida; esto debido a que únicamente poseen su fuerza de trabajo para subsistir, viendo restringido su acceso al mercado laboral del que dispone el sistema capitalista.
Finalmente, entre las recomendaciones se sugiere el cierre técnico de la UME y con ello, la redistribución de estos fondos a otros programas alternativos de ejecución de la pena del Ministerio de Justicia.